FRANCISCO SERRANO: UN DIVORCIO SIN TRAUMAS

Juan Giménez Olavarriaga

Un divorcio sin traumas. Feb 09. Ed. Almuzara

Prometíamos en un post anterior breve reseña sobre el libro del Juez SerranoUn divorcio sin traumas”, novedad editorial de febrero del año 2009. En el libro, Francisco Serrano aprovecha para volcar sus opiniones extraídas de su experiencia profesional de más de quince años como juez de familia en Sevilla.

El libro busca una aproximación a la realidad familiar española que puede verse en los Juzgados de familia, ahondando, aunque con más sentido común que con rigor investigador, en las causas de divorcios y conflictos familiares en la actual sociedad española. Otra  parte importante del libro está dedicada al análisis del impacto de la actual Ley de Violencia de Género y una valoración sobre la misma (la parte sin duda más interesante y polémica) para finalizar con una apología de la introducción de los sistemas de mediación familiar como alternativa a la judicialización de la vida familiar que vivimos en España.

El  juez se despacha a gusto contra la Ley actual de Violencia de Género, inspirada en un hembrismo  funesto” propiciado por un “feminazismo” que vive de alimentar el rencor y la desigualdad, sin dejar de reconocer que la ley ha supuesto un notable avance para frenar la lacra del maltrato.

Pero a pesar de un lenguaje en ocasiones desproporcionado, el juez Serrano no es un carca salido de las cavernas, mostrándose partidario de la custodia compartida, evidenciando su respeto por las actuales parejas homosexuales y un humanismo democrático que podemos compartir o no, pero de impecable factura constitucional. Existen argumentos de indudable peso en sus reflexiones y hay que reconocerle ser un conocedor de primera mano de lo que sucede en los juzgados españoles en la actualidad.

La primera reflexión de interés es que actual Ley de Violencia de Género parte de una premisa humillante para el género femenino, pues se considera que la mujer, por el hecho de serlo, se encuentra en una situación de inferioridad frente al varón que hace precisa su protección a toda costa, aún en contra, en ocasiones, de su propia voluntad.

Por otro lado, no cualquier agresión sufrida por una mujer en la pareja es una manifestación de una situación de poder machista. Existen actos violentos esporádicos y aislados en la pareja, ya castigados por el Código Penal, que debería tener un tratamiento diferenciado para que los Juzgados de Violencia no se colapsen y cumplan su función de auténticos órganos especializados.

Asimismo el autor considera un gravísimo error el excluir la mediación familiar en los supuestos en que se haya producido un hecho violento. Estudiosos independientes como Lisa Parkingson excluyen únicamente la posibilidad de mediación en los últimos cinco grados de una escala de violencia que va del 1 al 35. En nuestra ley se excluye en todo caso, lo cual dificulta que relaciones de pareja que pasen por un juzgado penal puedan, siquiera mínimamente restablecer unas relaciones que, cuando hay hijos, tienen que mantenerse hasta la mayoría de edad de éstos.

Quizás el tema más polémico de los que aborda en el libro es la denuncia de la existencia de denuncias, que el autor calcula en un 20 o 25 % del total de denuncias interpuestas, aunque dicho cálculo se base más en su experiencia directa que en una rigurosa metodología investigadora.  El autor denuncia el “maquillaje” de estadísticas oficiales, que computan en su favor cualquier episodio de violencia como una evidencia de un maltrato de género. “Así, en la estadística de víctimas mortales –afirma-, nos encontramos con casos de ancianos que han matado a sus esposas, tras una ejemplar vida de entrega mutua, de cariño y convivencia sin sobresaltos, en un acto considerado como de eutanasia por padecer esa esposa una enfermedad degenerativa irreversible y no poder se capaz el anciano de atender a sus cuidados. Resultado: ella, una víctima de maltrato. Él, maltratador

Como conclusión, resaltar del libro la apuesta por la mediación en los conflictos familiares, incluso en aquellos donde la violencia haya sido esporádica y de baja intensidad. Las relaciones familiares no acaban con el divorcio, ni siquiera si este se lleva por la vía penal. Aún queda, en manos de la pareja rota, la responsabilidad de sacar adelante a las víctimas inocentes del conflicto: los menores.

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