LA BANALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

Asistimos en Cataluña a un periodo violento. El más violento desde la restauración de la democracia. Otra cosa es acotar, definir y matizar qué violencias se están experimentando, contra quiénes y cuál es el tratamiento penal de dichas violencias. Cataluña no es el País Vasco de los años ochenta. O el Ulster. Tampoco España es Turquía, o una reedición del régimen de Franco.

Precisamente la violencia más sutil, empleada por todos los actores políticos, es la del lenguaje. Una violencia que prescinde del significado real de las palabras para enarbolarlas desprovistas de su verdadera naturaleza, para que sirvan a fines propagandísticos. A intereses de trinchera. En este sentido hay interpretar las acusaciones de que España es un estado fascista. O de que los Comités de Defensa de la República son “Carrer borroka”.

Tachar a España de estado fascista es de una violencia moral que repugna a cualquier demócrata, y un insulto a las víctimas de estados totalitarios. En un estado fascista nunca se hubiera permitido una televisión como TV3. Ni la disidencia de los opinadores proclives a la ruptura del orden constitucional. Ni la concurrencia de partidos claramente opuestos al sistema y a la monarquía. Es más: los dirigentes secesionistas se enfrentarían a un tribunal militar. Se verían privados de sus derechos políticos. Podrían ser condenados a muerte. No existiría apelación a tribunales internacionales con resoluciones de obligado cumplimiento en España por voluntad propia. No olvidemos que la legislación internacional y los tratados internacionales de los que nuestro estado forma parte son parte integrante de nuestro ordenamiento, porque así lo hemos querido todos.

Por otra parte, si lo que estamos viviendo en Cataluña fuera “Kale borroka”, sería imposible que un constitucionalista arrancase un cartel o un lazo amarillo sin que se llevara una somanta de palos. O que los encontronazos entre manifestantes y policías se saldasen con disparos, múltiples heridos y detenidos. Que el miedo de un constitucionalista a salir a la calle fuera el de poder pagar con su vida cualquier acto de disidencia. Habrían asomado las armas. Y una gran parte de la población jalearía estas conductas sin rubor. De nuevo una banalización injustificable.

Dicho esto, ambos lados transitan por una estética desagradable. Emprenden una deriva hacia terrenos conflictivos. Los unos, mediante un empleo inflexible de la ley. La huida de la política y del diálogo. La permisividad con conductas vandálicas que quedan impunes. La inacción, siquiera mediante la condena verbal contundente, de dichas acciones y de los movimientos de las fundaciones herederas de la dictadura, que campan a sus anchas. La aparente desidia en la aplicación de las necesarias reparaciones a la memoria histórica de las víctimas. La solución de los conflictos a golpe de porras y de resoluciones jurídicas.

Los otros, retratándose con herederos de la antigua batasuna y ex terroristas. Compareciendo en público con el rostro tapado, buscando la organización descentralizada y anónima. Animando a la lucha en la calle. Empleando violencia de baja intensidad y justificando el desprecio por la ley . Bloqueando carreteras, enfrentándose a las fuerzas del orden y con un objetivo detrás que es el de derrocar el sistema constitucional no mediante las urnas, sino mediante el traslado del conflicto a la calle. Señalando partidos e individuos contrarios a sus postulados. Con el silencio cómplice de la mayoría.

Minimizando en resumen ambas partes los comportamientos propios y magnificando los ajenos. Paja o viga, según convenga.

No obstante, y en relación con la violencia, sería conveniente que todos los actores recordasen estos principios:

1.- La violencia es siempre despreciable, venga de donde venga. Condenar la violencia cuando nos conviene y silenciar la que no beneficia a nuestra causa es indigno. Miserable. Violento.

2.- Sin embargo, el estado tiene el monopolio de la violencia. Esto exige prudencia en su aplicación y la exclusión de su empleo, en cualquiera de sus formas, por parte de los ciudadanos. Pero también respeto a la ley y las fuerzas policiales. Todas.

3.- La declaración unilateral de independencia comportó una gravísima violencia. Sin embargo, la mayoría de expertos constitucionales dudan de que dicha violencia sea suficiente como para estar comprendida en el delito de rebelión, tal y como se concibe hoy en día en nuestro ordenamiento, y sin perjuicio de que la decisión de Llarena sea absolutamente ajustada a derecho. Diego López Garrido ha subrayado que, basándose en los debates del Congreso, el delito de rebelión tal y como está conceptuado en el Código Penal, debería conllevar algo equivalente a una insurrección colectiva o una sublevación fuerte y explícitamente violenta. No es lo que se ha producido en Cataluña, donde sí se han dado hechos tumultuarios. Por otro lado, Jordi Nieva- Fenoll nos recuerda que la violencia que deberá contemplar el juez que decida sobre la euro orden será la violencia tal y como la entienda la jurisprudencia alemana, y en este sentido sería “aquella que pudiera provocar gravísimos daños generales, es decir, medios de violencia masiva que realmente pudieran condicionar la voluntad de las autoridades tanto desde un punto de vista físico contra personas o -más difícilmente- cosas (vis absoluta), como en sentido intimidatorio, es decir, la señalada amenaza de violencia (vis compulsiva). A tal efecto, siempre según la jurisprudencia alemana, puede servir incluso una huelga general masiva, pero siempre y cuando perjudique de forma relevante a la generalidad y suponga un despliegue de fuerza, como sucedería con cortes drásticos en los suministros esenciales.” También advierte de que Alemania está efectuando una interpretación cada vez más extensiva de este concepto, por el valor esencial y fundamental que se le confiere en este país a la integridad territorial del estado. Por último, es interesantísima la aportación de Eduard Roig Molés quien indica que el hecho de que la ruptura del orden constitucional se haya producido desde las propias instituciones públicas “plantea elementos relevantes tanto de peligro para el sistema como de vulneración de los derechos de las minorías políticas, así como de uso de lo público (es decir, de lo común a todos) en beneficio de una finalidad contraria al sistema.” pudiéndose por tanto subsumir en un tipo de violencia muy grave, pero no aplicable en estos momentos, al no estar contemplado en nuestro ordenamiento, (no existe delito que no esté contemplado expresamente como tal en el momento de su comisión) pero siendo recomendable que dicho tipo penal se contemple cuanto antes en nuestro Código, para evitar situaciones similares en el futuro, con un tratamiento penológico próximo, sino igual, al actual delito de rebelión.

4.- Idénticos grados de violencia pueden tener distinta consideración penal, en atención al sujeto y objeto de dicha violencia, por lo que el exhibir la violencia de unos y otros como coartada no tiene sentido. Un bofetón no tiene la misma consideración si se lo doy a un señor por la calle, a mi esposa o a un agente del orden. Una injuria a la Corona no tiene el mismo tratamiento penal que una injuria a un político. Impedir la salida de una comitiva judicial es más grave que retener a unos particulares. Y un acto vandálico de unos fascistas contra un evento político no tiene la misma repercusión que si esos mismos fascistas agreden a una persona homosexual o africana, por su orientación o su color de piel. Aunque las violencias sean de la misma intensidad. Esto es así en virtud del Código Penal vigente, que debería modificarse, al menos en cuanto a la atemperación del delito de injurias contra la Corona. Pero en todo caso, el delito existe, con distinto reproche penal.

5.- Hay que tener en cuenta estos detalles a la hora de enjuiciar la situación presente. Y exigir mayor altura de miras a políticos, medios de comunicación y líderes sociales. La violencia que pueden ejercer mediante el sectarismo no está penalizada. Pero comportará graves anomalías a largo plazo.

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