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BILLETES DE LOTERÍA PREMIADOS Y EXTRAVIADOS

Uno de los décimos de Noel. El segundo es la fracción 6ª

Mi amigo Noel me envía el siguiente email por Facebook: “Tengo que pedirte un favor de ludópata y loco al mismo tiempo… necesito a toda costa comprar un número de la Lotería de Navidad  07294 y sólo lo he encontrado en Barcelona ¿Me lo podrías ir a recoger?”

Ya está el calvo de la lotería volviéndonos locos a todos. Pero para imbuirme de espíritu navideño y no ir de Scrooge por la vida, acepto el encargo y me dirijo a una administración situada detrás del Nou Camp, recojo los décimos de Noel y me vuelvo para casa, pensando en la gran responsabilidad que estoy asumiendo. ¿Y si pierdo los dos décimos que acabo de adquirir? Con la suerte no se juega…

A pesar de que la presentación del décimo premiado es requisito indispensable para proceder al cobro, según establece el Reglamento que regula el juego, el Tribunal Supremo ha obviado este requisito siempre que por otros medios de prueba pueda llegarse a la identificación exacta del número, serie y fracción.

Esto salvó a María Cristina. Ella y siete amigos llevaban comprando en todos los sorteos de la Lotería Nacional ocho décimos, siempre el mismo número, desde hacía tres años. Siempre en la misma administración. Finalmente, el número al que jugaban, el 35.762 resultó premiado con 2.500.000 pesetas por décimo. Todos los amigos de María Cristina pudieron cobrar, pero ella había tirado a la basura su participación. La Administración de Loterías le negó el pago, al no haber presentado a cobro el número premiado y tuvo que interponer recurso ante los tribunales.

La Sentencia que resolvió el fondo del asunto (STS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 11 de Noviembre de 1994, rj 1289/1991) le dio la razón y le permitió cobrar su parte. El juzgador entiende que “adquiere especial importancia la prueba de presunciones, pues resulta inimaginable que una persona desde el mismo día del sorteo sostenga que se le ha extraviado el décimo, formule las reclamaciones oportunas sin tener seguridad absoluta de su razón, dado que es imposible de otro modo saber cuál es el número premiado, la serie, la fracción, la Administración de Loterías donde se ha vendido si no se dispone de la prueba que le proporcionen los siete décimos restantes de sus compañeros de apuesta, y ello se confirma con mucho más al resultar dicha fracción la única impagada por falta de presentación al cobro a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de caducidad que la Administración tiene establecido. Todo ello, aun tratándose de simples presunciones, refuerza con enorme vigor las pruebas practicadas en autos y llevan a esta Sala a la convicción de que procede la confirmación total de la sentencia apelada

Del mismo modo, el TS ha permitido cobrar el premio a pesar de haberse extraviado el décimo en otros supuestos:

1.- En la sentencia de 2 de abril de 1983 (RJ 1983\1903) el TS reconoció el derecho a percibir el premio en un caso en que el interesado había depositado el décimo premiado en una sucursal bancaria, donde obviamente quedó identificado por su número, serie y fracción, si bien con posterioridad fue sustraído al ser atracada dicha sucursal.

2.- En la sentencia de 2 de noviembre de 1987 (RJ 1987\7765) el TS llegó a la misma conclusión de reconocer el derecho a percibir el premio a una persona que depositó el décimo premiado en una sucursal bancaria, donde quedó identificado por su número, serie y fracción, si bien dos días después lo retiró con la intención de depositarlo en otra entidad bancaria, en la que se le iba a abonar el premio con mayor rapidez, no pudiendo efectuar este segundo depósito por extraviar el décimo antes de llegar al último banco.

3.- En la sentencia de 7 de febrero de 1989 (RJ 1989\1095) el Tribunal Supremo también determinó que se debía hacer efectivo un premio, pues el banco tenedor del décimo premiado lo presentó al cobro en la administración de lotería donde había sido adquirido, tomándose nota del mismo, aunque no pudo ser abonado por falta de provisión de fondos, que se reclamaron así como la autorización para el pago, si bien posteriormente, cuando se recibieron los fondos, la entidad bancaria no pudo presentar el décimo por extravío.

Así que, querido Noel, para que no quede duda de cuáles son tus décimos, te dejo una foto de los mismos que acompaño a este artículo, aunque te advierto de lo siguiente:

Desde un punto de vista jurídico, los billetes de Lotería  son documentos al portador y por tanto, frente a la Hacienda pública, no se reconoce más dueño de ellos que la persona que los presenta. La posesión es en principio el título del dominio, y la simple tradición o entrega del documento es bastante para transmitir la posesión y con ello ejercitar el derecho a él incorporado. En este sentido, su régimen sería el mismo que el de los billetes de curso legal. ¿qué pasaría en este caso si no me abonas los décimos o si, aún abonándomelos, decidiera quedármelos? Tú sabes que nunca haría eso, es un recurso retórico para poder continuar el hilo de la argumentación. Sin embargo, los tribunales españoles han tenido que resolver cuestiones similares; existe mucha jurisprundencia al respecto, te la cuento en otro momento…

© Juan Giménez Olavarriaga 2011

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ADIOS A LA DOBLE INSTANCIA

Desde http://www.zazzle.es/escultura_de_la_justicia_de_la_igualdad_de_la_libe_escultura_fotografica-153691449728083067

Justicia, Igualdad y derechos sociales

El Gobierno muriente acaba de promulgar una ley de variada incidencia en las leyes procesales vigentes. El objetivo de la ley está presente en su título, “Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal”. En la línea de las reformas llevadas a cabo durante el último año, su objetivo es descongestionar la justicia, aunque por el camino nos dejemos algunas de las garantías que había logrado nuestro estado social, democrático y de derecho.

 Una de esas garantías era el derecho a la doble instancia; es decir, que ciudadano disconforme con una resolución judicial tuviera derecho a que dicha decisión fuera revisada por otro tribunal superior, evitando de este modo el error judicial e incluso la hipotética (y no descartable) arbitrariedad de un poder público.

 Derecho fulminado, por la vía del artículo diez de la citada Ley, que reforma el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A partir de ahora, todas aquellas sentencias que resuelvan juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 3.000 euros, quedarán fuera de la revisión de un tribunal superior.

En nuestro ordenamiento no existe un derecho constitucional a la doble instancia en todo tipo de procesos. Únicamente se tiene este derecho en el ámbito penal o en resoluciones que vulneren los derechos fundamentales tal y como recogen los pactos internacionales sobre Derechos Humanos que ha firmado nuestro país y que por tanto pasan a formar parte de nuestro ordenamiento (art. 96 Constitución Española). Pero aunque la Constitución no lo garantizara, habíamos conseguido ofrecer esta garantía a los ciudadanos. Ahora ya no. Derecho desmantelado y lanzado al vertedero junto a los suprimidos Centros de Atención Primaria, a las horas de la enseñanza pública que ya no se impartirán; a las listas de espera que volverán a crecer en la Sanidad Pública; a los deshechos humeantes de un estado del malestar profundo y endémico, al que más vale que nos vayamos acostumbrando.

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DESAHUCIO EXPRÉS Y TUTELA SUMARIA DE LA POSESIÓN

Una de las novedades de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil es lo que ha venido en llamarse el “desahucio exprés”. Según el nuevo redactado del artículo 440 de la LEC, el Secretario Judicial debe, si así lo solicita el demandante, incorporar al decreto de admisión de la demanda fecha para el lanzamiento , que se efectuará en la fecha fijada en caso de ser condenado el arrendatario por impago de rentas debidas y no ser recurrida la sentencia por éste.

Es decir, el primer acto judicial de inicio del procedimiento ya contempla la posibilidad del lanzamiento del demandado, fijando día y hora, lo que sin duda tiene un enorme efecto conminatorio sobre el moroso, además de abreviar los tiempos judiciales y los gastos que debe soportar el propietario.

Ahorro de tiempo, porque en el sistema anterior una vez obtenida sentencia había que esperar veinte días para poder interponer demanda ejecutiva instando lo que ahora ya queda prefijado desde la admisión de la demanda sin necesidad de ulteriores trámites. Y de costes, porque la interposición de esta segunda demanda comportaba gastos de letrado y procurador que de este modo se suprimen.

Este cambio ha dejado obsoleto el procedimiento que se emplea para la recuperación de inmuebles cuando no existe título para la ocupación (precarios y ocupaciones ilegítimas o inconsentidas que se han incrementado notablemente con la actual crisis económica). El procedimiento de tutela sumaria de la posesión, así denominado porque busca la celeridad en la restauración de la posesión ilegítimamente arrebatada aparece contemplado en los artículos 250.1 y 439 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se contempla para este procedimiento sumario la posibilidad de “lanzamiento express”, con lo que si bien los jueces anotan las vistas de tutela sumaria con preferencia en las agendas judiciales frente a otros procedimientos, esta rapidez se pierde en fase de ejecución.

Podría aplicarse por analogía, para no perder esa nota de sumariedad, y algunos nos hemos inclinado por solicitar el beneficio del lanzamiento express en las demandas de tutela sumaria, con poco éxito hasta el momento. Sin embargo, ya tengo conocimiento de un decreto de un juzgado en Barcelona que ha admitido tal posibilidad.

De momento, y mientras no se genere jurisprudencia, es buena idea incorporar tal petición en la demanda , dejando al arbitrio del juez su posible admisión o desestimación.

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PROMESAS A TODA VELOCIDAD

Juan Giménez Olavarriaga

Mientras continúa la polémica por la modificación de los límites de velocidad anunciados por el Govern recientemente iniciado de Artur Mas, los ciudadanos ya pueden apresurarse a recurrir cualquier multa que se les haya impuesto o se les imponga en los tramos objeto de modificación, ya que, caso de permitirse circular a mayores velocidades que las permitidas hasta ahora, deberían retirarse las sanciones impuestas con anterioridad por el principio de retroactividad de disposiciones más favorables al interesado.

El requisito fundamental para poder hacer valer este derecho está en que las sanciones que se hayan impuesto no hayan ganado firmeza, y que el exceso de velocidad sancionado en su momento no pudiera haberlo sido con la nueva regulación. Y ello es así en base al principio de retroactividad de las normas sancionadoras favorables al infractor consagrado en el artículo 128 de la LRJ-PAC:”Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor”, disposición que también contiene el reglamento que lo desarrolla (Art. 4 RPS) que reitera que “las disposiciones sancionadoras no se aplicarán con efecto retroactivo, salvo cuando favorezcan al presunto infractor

He aquí una razón más para que la polémica supresión de los límites de velocidad, o su ampliación, haya pasado de ser una promesa electoral de enganche de Artur Mas a convertirse en un “sí, pero…” en los momentos actuales. Mas afirmó durante la pasada campaña electoral que suprimiría los límites actuales de velocidad, sin matizar ni desarrollar esta promesa. No es lo que se está aplicando en estos momentos, en los que ya se ha anunciado que dichos límites se mantendrán en 23 de los 78 quilómetros afectados por la regulación (es decir, en casi un 30% de los viales) y se ampliarán las velocidades máximas permitidas, pero en función de criterios como el tráfico y la contaminación atmosférica, lo cual significa relajar dichos límites,pero en ningún caso suprimirlos.

No debe olvidarse que a la alta contaminación que está sufriendo estos días Barcelona debe añadirse esta otra razón; la del descenso de ingresos en las arcas públicas por todas las multas que puedan recurrirse para hacer valer la aplicación de la regulación más favorable al ciudadano, argumento que, de momento, no resuena en los medios informativos pero que puede pesar en el ánimo de los gobernantes actuales.

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YO HAGO HUELGA

Hace poco hablaba sobre el trato que recibimos los abogados por parte de algunos juzgados, quienes no se toman la molestia de avisarnos cuando es evidente que un juicio o una comparecencia no se va a producir por falta de requisitos tan básicos como no haber citado a una de las partes en el día señalado y lo que eso supone.

Pues bien, como la venganza es un plato que se sirve frío, tengo un juicio el día de la huelga. Así que llamo al Juzgado y pregunto por la oficial que se encarga de mi asunto

– ¿Hola, buenos días?

– Hola, soy el letrado que se encarga del Juicio señalado para mañana. ¿Vais a hacer huelga mañana?

– No, no; el Secretario, el juez y todo el juzgado trabajamos, y hemos citado a todas las partes.

– Ah, muy bien…porque yo SÍ QUE VOY A HACER HUELGA

– ¿Cómo? Pues nosotros hemos llamado a todo el mundo y pensamos celebrar…

– No, no sin mí…Y YO HAGO HUELGA

– Pero es que hemos citado a todo el mundo…

– ¿Está usted diciendo que yo no puedo ir a la huelga?

– No, no…

– Pues muchas gracias.

Lo que no sabe la oficial es que voy a hacer huelga a la japonesa: trabajando más, desde el despacho, desde casa o desde la Conchinchina. Pero me niego rotundamente a estar esperando a que todos los testigos, las partes, los procuradores y los oficiales del Juzgado lleguen a trabajar, con los servicios mínimos que se han decretado. Eso son, como mínimo, tres horas de retraso sobre el horario previsto, mano sobre mano. Y tengo mucho trabajo. Así que yo me monto mi huelga. Y de paso saboreo mi pequeña victoria…

(Imagen cortesía de jrmora)

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LA FOTO TENÍA UN PRECIO

MANIFIESTO POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET

Una industria vale más que mil blogs

Mi total adhesión en contra del desproposito de la Ministra de Cultura de los intereses de la industria audiovisual. La clausura de blogs sin autorización supone menos garantías para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  • En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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    INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA VS. PRINCIPIO DE TIPICIDAD

    En el ámbito penal, ¿debe el Juez aplicar la ley en su integridad o  puede “interpretar” la intención del legislador?

    La sentencia no aplica el Codigo Penal en todo su rigor

    ¿Aplicar o intepretar la ley? imagen desde http://rebecaxxx.wordpress.com

    Juan Giménez Olavarriaga

    Transcribo a continuación las líneas argumentales de una sentencia muy reciente de un Juzgado Penal de Barcelona en la que defendí a una de las partes, indiciaria de una problemática mal resuelta en nuestro actual marco legal. El Juez no impone la sanción que correspondería según el Código Penal a ambos acusados, un matrimonio que se agredió mutuamente. El tipo penal sería un delito y una falta de malos tratos en el ámbito doméstico. Sin embargo, el juez considera que la aplicación literal del precepto iría en contra del espíritu y finalidad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue la que introdujo los agravantes de parentesco en los delitos de lesiones. En consecuencia, y a pesar de quedar acreditadas las mutuas acometidas de los cónyuges con daños físicos corporales, cumpliéndose el tipo penal en su integridad, evita la aplicación de las sanciones que corresponden para remitirlo al tratamiento ordinario del tipo de lesiones (delito y falta respectivamente), condenando al marido a la pena de 4 meses de prisión por un delito de lesiones y a la esposa a 30 días de multa también por una falta de lesiones. Sigue leyendo

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